A partir del 28 de julio tendremos un nuevo presidente, nuevos ministros y nuevos congresistas. En sus manos está que las próximas elecciones dejen de ser una tensada de cuerda entre dos extremos que nos lleven a rivalidades entre peruanos y vaivenes entre proyectos izquierdistas y derechistas, en vez de seguir una camino más concertado, de centro, donde el objetivo general sea que cada uno y todos los peruanos tengamos oportunidades de desarrollo adecuadas que nos permitan realizarnos y alcanzar una buena calidad de vida. Evitar dicha tensada de cuerda y dichos proyectos de extremos dependerá de la voluntad política de nuestros gobernantes, pero también de la capacidad de concertación entre el Estado y nosotros como sociedad civil y empresarial. En este artículo me enfocaré en el papel que deberían cumplir nuestros futuros representantes en el ejecutivo y el legislativo en los próximos cinco años. Ya en uno siguiente hablaré del nuestro como, repito y enfatizo, sociedad civil y empresarial; es decir, como sociedad única.
Ollanta Humala obtuvo el 51.5% de los votos frente al 48.5% obtenido por su oponente Keiko Fujimori. Los virajes hacia el centro, discursos y planes de gobierno más moderados, les permitieron a ambos crecer más allá de sus 30% y 20% de votos bases obtenidos en la primera vuelta electoral. Humala fue el más claro y convincente en esa estrategia y terminó ganando la elección. Sin embargo, gracias a que sus discursos después de la victoria siguen siendo moderados y de concertación, su aprobación actual ha ascendido al 70%. Está claro, entonces, que lo que el Perú requiere y pide de sus gobernantes en la actualidad es un gobierno de concertación que aumente considerablemente la inclusión social de los extremadamente pobres y pobres sin perjudicar a los que ya están parcial o totalmente incluidos. No obstante también está claro, que a partir del 28 de julio, la aprobación y la satisfacción de los peruanos para con sus gobernantes, ya no dependerá tanto de sus discursos, sino más bien de sus planes y más aún de las políticas que ejecuten para llevarlos a cabo. Ya no importaran tanto las palabras y buenas intenciones, como sí las actitudes y acciones que tomen.
En ese sentido, hay políticas (incluidas ofertas de campaña) que deberán cumplirse sí o sí dentro del próximo quinquenio. El Ejecutivo deberá elaborarlas e implementarlas, y el Congreso legislar a favor de ellas, permitiendo la gobernabilidad y dejando de lado sus intereses políticos.
A nivel salud, debe mejorar la eficiencia en la administración de los recursos que recibe el SIS y ESSALUD. Debe ser prioridad del nuevo gobierno invertir en infraestructura y equipos para los hospitales rurales, así como crear nuevos centros de salud en provincias y zonas alejadas, y promocionar la carrera médica en ellas.
A nivel educativo se debe continuar con el programa de la carrera pública magisterial, y poner en acción ya las medidas acordadas en el Plan Nacional de Educación. Aumentar la inversión en ciencia y tecnología, tanto para la investigación como para la enseñanza dentro de las universidades. También deberá invertirse, junto con la empresa privada, en centros de educación técnica en provincias. La demanda de ese tipo de profesiones es urgente y es una gran oportunidad para aumentar la tasa de empleo en otros departamentos del país aparte de la capital.
A nivel laboral, se debe aumentar los puestos de trabajo fuera de Lima, no solo a través de la inversión en infraestructura, como carreteras, edificaciones, etc., que brindan oportunidades de trabajo pasajeras; sino también fomentando la creación y fortalecimiento de las Mypes, y dotando de mano de obra calificada a las grandes empresas e industrias. Además, una promesa de campaña que, sin duda, tiene que cumplirse es el aumento del sueldo mínimo a S/. 750 Nuevos Soles.
Programas sociales como Pensión 65, Cuna Más, ampliación del programa Juntos, becas de la OBEC y el CONCYTEC, tienen que implementarse, mejorarse o mantenerse.
Para la mayoría de las políticas arriba mencionadas se requerirá de una mayor recaudación. Así, tendrá que cobrarse el impuesto a las sobreganancias mineras, aumentar el nivel de formalidad empresarial y seguir fomentando la inversión, principalmente la nacional.
Otras dos promesas importantes son la recuperación del gas del lote 88 para el mercado nacional (abaratará costos y ampliará la asequibilidad del combustible en el hogar y otros ámbitos), e iniciar el rol subsidiario del estado allí donde la empresa privada no quiera ofertar bienes y brindar servicios que permitan la inclusión.
De gran importancia, también, será disminuir la corrupción y devolverle la ética a la política. Elevar las penas y anular imprescriptibilidad de delitos para funcionarios públicos que los cometan; fortalecer a la Contraloría, aumentándole sus atribuciones y permitiéndole estar constituida por un equipo de independientes. Con ello no únicamente se mejorará la credibilidad e imagen de las instituciones del estado, sino que se recuperará una buena cantidad de dinero para cumplir con los objetivos de inclusión social.
A la par, deben empezar a llevarse a cabo ciertas reformas estructurales en el Estado. Promover la independencia del resto de ministerios para con otras carteras que no sean la de Economía; el ministerio del Ambiente no puede seguir estando supeditado a las decisiones del de Energía y Minas; el de Trabajo no debe verse disminuido o menos apoyado que el de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones. Fomentar la interdependencia y equilibrio de poder entre los ministerios permitirá aminorar la cuota de representación de la empresa privada y aumentar la representatividad de los trabajadores y comunidades, evitando y previniendo, así, conflictos sociales. En la misma línea, el Congreso tiene que reformarse para ser más representativo de los departamentos y las provincias que los constituyen, pero dichas reformas solo las pueden hacer ellos sobreponiéndose a intereses y beneficios que tienen como grupo. Sin embargo, podrían empezar por mejorar su credibilidad e imagen; dejando de lado, por ejemplo, el espíritu de cuerpo en conductas corruptas o no éticas; aminorando el alcance de la inmunidad parlamentaria; y eliminando la alta cantidad de beneficios económicos que obtienen durante sus labores.
Finalmente, el Estado tiene que ser un estado fuerte, que se haga respetar y sepa ejercer el poder que le ha sido dado, así como defender y mantener nuestra soberanía. No debe ceder a intenciones de sectores empresariales que intenten marcarle la agenda; debe (re)negociar sabiamente tratados internacionales buscando siempre el beneficio del país y evitando concesiones gratuitas o que pequen de ingenuas; tampoco debe ceder frente a grupos o movilizaciones sociales que quieran imponerse irrespetuosa y/o caprichosamente violando el estado de derecho. No obstante, no debe ser nunca autoritario; debe estar abierto al diálogo y cumplir sus compromisos democráticos: libertad de prensa y opinión, libertad de movilizaciones y marchas, respetar los derechos humanos y la propiedad privada.
El futuro y fortalecimiento de nuestra democracia dependen de que el gobierno cumpla estos roles, desde hace tiempo, necesarios, y cuyo incumplimiento por falta de voluntad política agudiza cada vez más nuestra precaria democracia. Pero también depende de nosotros. De eso opinaré en la continuación del presente artículo.
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